EN EL MARCO DEL DEBATE SOBRE EL DECRETO LEY 15/2020 DE MEDIDAS URGENTES DE IMPULSO DE LOS SECTORES PRIMARIO, ENERGÉTICO, TURÍSTICO Y TERRITORIAL DE CANARIAS, QUE ACTUALMENTE SE DEBATE EN EL PARLAMENTO, Y QUE PREVÉ TENER COMO RESULTADO LA APROBACIÓN DE UNA NUEVA LEY, COAG CANARIAS HA PRESENTADO A LOS DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS UNA SERIE DE CONSIDERACIONES DIRIGIDAS A QUE LAS MEDIDAS QUE SE PONGAN EN MARCHA PARA IMPULSAR AL SECTOR PRIMARIO CONTRIBUYAN, DE MANERA ADECUADA, A ESTE PROPÓSITO.
En el mes de septiembre entró en vigor el Decreto Ley 15/2020, incluyendo una serie de medidas que, en la situación actual, se consideraron urgentes aplicar para impulsar diferentes sectores económicos, entre ellos el primario. Este Decreto-Ley, convalidado recientemente en el Parlamento de Canarias, para, a partir de él, promulgarse una nueva Ley, incluye diferentes modificaciones en normativa ya existente, como es el caso de la Ley del suelo, o las regulaciones aplicadas sobre actividades clasificadas.
En lo que respecta al sector primario, el texto aprobado recoge algunas simplificaciones en los procedimientos a seguir a la hora de realizar inversiones en las explotaciones agropecuarias que son valoradas positivamente por COAG Canarias. Sin embargo, desde la organización agraria se considera que se debe aprovechar la oportunidad que brinda el nuevo marco para solventar algunos problemas que limitan al sector, y para corregir algunos errores en normativas ya vigentes.
Una cuestión fundamental en la que se considera que la nueva Ley debe ser ambiciosa tiene que ver con la legalización de las explotaciones ganaderas y el fomento de este sector.
Si bien el texto en discusión recoge algunas mejoras en la consideración de esta actividad como actividad clasificada, y mejora el procedimiento para legalizar las explotaciones, a juicio de COAG Canarias no es suficiente. Esta entidad ha propuesto a los grupos parlamentarios que, en relación a la consideración de la actividad ganadera como clasificada, se simplifiquen los trámites para aquellas que tengan como máximo a una persona trabajando a tiempo completo. Ello supondría facilitarle las cosas al 80% de las explotaciones.
Otras cuestiones que COAG Canarias considera que deben hacerse con el nuevo texto es aclarar y reforzar el papel que los agricultores profesionales tienen al desarrollar una actividad complementaría, independientemente del tipo de suelo donde se encuentre su explotación, o la tipología de empresa. Y es que la actividad agraria en las Islas se desarrolla en múltiples tipos de suelo (de protección economía agraria, paisajística, urbanos…), y por una gran variedad de personas físicas y jurídicas, cuestiones que no se encuentran bien recogidas en la propuesta actual.
De manera particular, COAG Canarias desea poner el acento en las limitaciones para el desarrollo de la actividad en los suelos rústicos de protección paisajística, que actualmente suponen el 12,17% del sistema agrícola, no afectado por Espacios Naturales Protegidos ni por Red Natura 2000. Las numerosas restricciones impuestas en estos espacios choca con el hecho de que, en muchos de ellos, su valor paisajístico está fundamentado sobre la propia actividad agraria, por lo que resulta una contradicción establecer limitaciones subjetivas que hipotecan la continuidad de la actividad y, por tanto, del paisaje que se pretende proteger.
Para finalizar, COAG Canarias le ha recordado a los diferentes grupos parlamentarios que, tras más de tres años de la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, un porcentaje nada desdeñable de los Ayuntamientos y Cabildos no han adoptado sus instrumentos de ordenación al nuevo marco, lo que está generando un bloqueo en el sector, ante la imposibilidad de acometer actuaciones de modernización y desarrollo de las actividades agropecuarias y el conjunto de las actividades complementarias generadoras de renta, riqueza y puestos de trabajo en el medio natural y rural de Canarias. Por ello se les demanda que se incida en la necesidad del cumplimiento de la Ley, al tiempo que se dote o se asesore en medios técnicos y jurídicos a aquellos ayuntamientos que, por sus condiciones, lo requieran.
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