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COAG CANARIAS DEMANDA MAYOR FLEXIBILIDAD EN LA LEGALIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS

EN EL MARCO DEL DEBATE SOBRE EL DECRETO LEY 15/2020 DE MEDIDAS URGENTES DE  IMPULSO DE LOS SECTORES PRIMARIO, ENERGÉTICO, TURÍSTICO Y TERRITORIAL DE CANARIAS, QUE ACTUALMENTE SE DEBATE EN EL PARLAMENTO, Y QUE PREVÉ TENER COMO RESULTADO  LA APROBACIÓN DE UNA NUEVA LEY, COAG CANARIAS HA PRESENTADO A LOS DIFERENTES  GRUPOS PARLAMENTARIOS UNA SERIE DE CONSIDERACIONES DIRIGIDAS A QUE LAS MEDIDAS  QUE SE PONGAN EN MARCHA PARA IMPULSAR AL SECTOR PRIMARIO CONTRIBUYAN, DE  MANERA ADECUADA, A ESTE PROPÓSITO. 

En el mes de septiembre entró en vigor el Decreto Ley 15/2020, incluyendo  una serie de medidas que, en la situación actual, se consideraron urgentes aplicar  para impulsar diferentes sectores económicos, entre ellos el primario. Este  Decreto-Ley, convalidado recientemente en el Parlamento de Canarias, para, a  partir de él, promulgarse una nueva Ley, incluye diferentes modificaciones en  normativa ya existente, como es el caso de la Ley del suelo, o las regulaciones  aplicadas sobre actividades clasificadas.  

En lo que respecta al sector primario, el texto aprobado recoge algunas  simplificaciones en los procedimientos a seguir a la hora de realizar inversiones en  las explotaciones agropecuarias que son valoradas positivamente por COAG  Canarias. Sin embargo, desde la organización agraria se considera que se debe  aprovechar la oportunidad que brinda el nuevo marco para solventar algunos  problemas que limitan al sector, y para corregir algunos errores en normativas ya  vigentes. 

Una cuestión fundamental en la que se considera que la nueva Ley debe ser  ambiciosa tiene que ver con la legalización de las explotaciones ganaderas y el  fomento de este sector.

Si bien el texto en discusión recoge algunas mejoras en la  consideración de esta actividad como actividad clasificada, y mejora el  procedimiento para legalizar las explotaciones, a juicio de COAG Canarias no es  suficiente. Esta entidad ha propuesto a los grupos parlamentarios que, en relación  a la consideración de la actividad ganadera como clasificada, se simplifiquen los  trámites para aquellas que tengan como máximo a una persona trabajando a  tiempo completo. Ello supondría facilitarle las cosas al 80% de las explotaciones. 

Otras cuestiones que COAG Canarias considera que deben hacerse con el nuevo  texto es aclarar y reforzar el papel que los agricultores profesionales tienen al  desarrollar una actividad complementaría, independientemente del tipo de suelo  donde se encuentre su explotación, o la tipología de empresa. Y es que la actividad  agraria en las Islas se desarrolla en múltiples tipos de suelo (de protección  economía agraria, paisajística, urbanos…), y por una gran variedad de personas  físicas y jurídicas, cuestiones que no se encuentran bien recogidas en la propuesta  actual. 

De manera particular, COAG Canarias desea poner el acento en las limitaciones  para el desarrollo de la actividad en los suelos rústicos de protección paisajística, que actualmente suponen el 12,17% del sistema agrícola, no afectado por Espacios  Naturales Protegidos ni por Red Natura 2000. Las numerosas restricciones  impuestas en estos espacios choca con el hecho de que, en muchos de ellos, su valor paisajístico está fundamentado sobre la propia actividad agraria, por lo que  resulta una contradicción establecer limitaciones subjetivas que hipotecan la  continuidad de la actividad y, por tanto, del paisaje que se pretende proteger. 

Para finalizar, COAG Canarias le ha recordado a los diferentes grupos  parlamentarios que, tras más de tres años de la entrada en vigor de la Ley 4/2017,  de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, un  porcentaje nada desdeñable de los Ayuntamientos y Cabildos no han adoptado sus  instrumentos de ordenación al nuevo marco, lo que está generando un bloqueo en  el sector, ante la imposibilidad de acometer actuaciones de modernización y  desarrollo de las actividades agropecuarias y el conjunto de las actividades  complementarias generadoras de renta, riqueza y puestos de trabajo en el medio  natural y rural de Canarias. Por ello se les demanda que se incida en la necesidad  del cumplimiento de la Ley, al tiempo que se dote o se asesore en medios técnicos  y jurídicos a aquellos ayuntamientos que, por sus condiciones, lo requieran.

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