▪ El Real Decreto-Ley incluye la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y prohíbe de la venta a pérdidas
▪ Además, el Gobierno ha propuesto a las organizaciones agrarias convocantes de las manifestaciones un paquete adicional de medidas para responder a las demandas planteadas por las organizaciones agrarias convocantes de las movilizaciones: Asaja, COAG y UPA
▪ El conjunto de las medidas planteadas por el Gobierno para hacer frente a la situación de crisis por la que atraviesa el sector agrario cubre aspectos tan importantes como la formación de los precios a lo largo de la cadena de valor, además de dar respuesta a demandas fiscales, laborales, de financiación, sobre coste energético, entre otros
26 de febrero de 2020. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-Ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que incluye la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y prohíbe la venta a pérdida.
El ministro ha destacado que este Gobierno ha actuado de forma rápida y
coordinada para dar respuestas a la problemática de los agricultores. Se ha
referido a que, apenas 3 semanas después de la constitución de la Mesa de
Diálogo Agrario, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un amplio paquete de
medidas concretas para responder a las demandas planteadas por los
agricultores y ganaderos españoles para lograr un reparto más justo de los
márgenes en la cadena de valor, mejorar las rentabilidades de las
explotaciones y lograr precios justos.
Además de las acciones recogidas en el Real Decreto-Ley, el Gobierno ha
propuesto a las organizaciones agrarias convocantes de las manifestaciones
un paquete adicional para responder a las demandas planteadas, que cubre
los siguientes ámbitos:
- Formación de los precios a lo largo de la cadena de valor.
- Seguros agrarios.
- Presupuesto de la PAC.
- Coste energético de las explotaciones agrarias.
- Fiscalidad.
- Financiación.
- Costes laborales.
- Reciprocidad de las importaciones de terceros países.
- Regadíos.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se compromete a seguir
trabajando, ya en el marco de las reuniones habituales del Consejo Asesor
Agrario, con las organizaciones representativas del sector, para profundizar
sobre los aspectos pendientes relativos a la fiscalidad y costes energéticos,
seguros agrarios, cuestiones sectoriales y desarrollo de la Ley de la Cadena.

- Obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los
contratos; prohibición de establecer precios por debajo del coste
de producción (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero). - Prohibición de la venta a pérdidas (Real Decreto Ley 5/2020, de 25
de febrero)
- Regulación de las promociones comerciales para evitar la
banalización de los productos agrarios (Real Decreto Ley 5/2020, de
25 de febrero). - Publicidad de las sanciones para los agentes que hayan cometido
infracciones graves o muy graves (Real Decreto Ley 5/2020, de 25
de febrero). - Reforzar el papel de la Agencia de Inspección y Control Alimentarios
(AICA). El Gobierno se compromete a incrementar su presupuesto y
dotación de personal. - El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promoverá que
las comunidades autónomas cooperen en la realización de
controles en el marco de un plan de control específico para que
complementen la acción de la AICA en el control de la existencia de
contratos escritos y su contenido. - El Ministerio se compromete relanzar el Observatorio de la Cadena,
actualizando los estudios de márgenes de los principales
productos. Publicará índices que puedan ser empleados para
establecer costes de producción en los contratos. - En los próximos días se iniciará la tramitación formal de la
trasposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales
para modificar la Ley de la Cadena en aquellos aspectos que no se
han podido modificar por la vía de urgencia, que permitirán ampliar
su ámbito de aplicación, prohibir nuevas prácticas comerciales
desleales e incluir buenas prácticas en el articulado que hasta
ahora eran de aplicación voluntaria. - En el ámbito del seguro agrario se incrementará sustancialmente el
presupuesto destinado a subvencionar la prima de los seguros
agrarios en los Presupuestos Generales del Estado de 2020.
- El Gobierno se compromete a continuar defendiendo el
mantenimiento del presupuesto de la PAC en las negociaciones del
nuevo presupuesto de la Unión Europea para el período 2021 –
2027. - El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, tramitará con carácter de urgencia, dos líneas de
ayuda, por importe de 60 millones de euros para la instalación de
fuentes de energía renovables en agricultura y ganadería, así como
para la aplicación de medidas de eficiencia energética en regadíos e
instalaciones agrarias. - El Gobierno se compromete a mantener el sistema de tributación
por módulos en agricultura durante toda la legislatura. - El Gobierno se compromete a mantener las bonificaciones al
gasóleo agrícola durante toda la legislatura. - La fiscalidad de las ayudas a la primera instalación de agricultores
jóvenes que se hacía en un solo pago, pasa a pagarse en cuatro
años (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero). - El Gobierno establecerá medidas de acceso al crédito para los
sectores agrícolas y ganaderos, mediante ayudas a la financiación
de avales a través de Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA). - Bonificación de la cuota empresarial por la transformación de
contratos temporales en el sector agrario a fijos o fijos
discontinuos (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero). - El Gobierno se compromete a exigir la aplicación con el máximo
rigor, la normativa comunitaria en materia de importaciones de
productos agrarios en la Unión Europea. Respeto de precios de
entradas, contingentes de importación, así como certificación y
control fitosanitario.
- El Gobierno se compromete a impulsar la política de regadíos,
como una política irrenunciable, priorizando la modernización de
los regadíos basada en la eficiencia y la sostenibilidad. - El Ministerio realizará una campaña de comunicación e información
para acercar a la ciudadanía a la realidad productiva del campo y la
dignificación del trabajo de sus profesionales.
Un amplio paquete de medidas que responden a las demandas planteadas.
Planas ha destacado que a partir de ahora se perfilarán estos temas en el
marco del Comité Asesor Agrario, el órgano de interlocución habitual entre
Gobierno y organizaciones profesionales agrarias. “Diálogo y trabajo que
proseguirán durante los cuatro próximos años de legislatura”, ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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