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La Consejería coordina con la Guardia Civil y la Policía Canaria un protocolo conjunto para luchar contra la pesca furtiva

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha anunciado en la Comisión de Agricultura celebrada en la mañana de hoy (viernes 17) en el Parlamento de Canarias que la Consejería trabaja en un protocolo de actuación entre el Servicio de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca y las fuerzas de seguridad (Guardia Civil y Policía Canaria) para la lucha contra el furtivismo.

Vanoostende explicó que “se han mantenido diferentes reuniones con los cuerpos de seguridad para ampliar el convenio de 2017 suscrito entre la Administración General del Estado y la Comunidad Canaria sobre el control e inspección en el ámbito de la pesca con la intención de coordinar las diferentes acciones en pro de una pesca sostenible y adecuada al marco normativo actual”.

En este sentido, apuntó que “ya se ha designado un responsable de cada uno de los cuerpos de seguridad para planificar acciones conjuntas e intercambios de información, y se está elaborando un análisis de riesgos para establecer las prioridades en el control y la inspección”. Además, añadió que “se emitirán oficios de interpretación normativa y se intercambiarán resoluciones que afecten al uso de artes y métodos de pesca”.

La responsable regional señaló que “en los últimos meses, sobre todo durante la pandemia, hemos reorganizado la estructura de mando de los agentes de inspección para dar más protagonismo a los subinspectores, dando los pasos necesarios para que antes de que acabe el año dispongan de un soporte auxiliar de análisis de información”. La consejera recordó que “el furtivismo es uno de los mayores problemas en la gestión pesquera y en el consumo de pescado, porque genera competencia desleal e introduce la inseguridad alimentaria por su riesgo sanitario, destruyendo el valor añadido de la cadena comercial”.

Por último, indicó que “la Dirección General de Pesca tiene las competencias de inspección en marisqueo y pesca en aguas interiores, heredando un cuerpo de agentes con una estructura deficitaria, con 28 plazas de las cuales solo están cubiertas 19”.

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AVA-ASAJA exige al Consell que costee las medidas obligatorias de control contra la avispilla del almendro tras expandirse a 40.000 hectáreas de 11 comarcas

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige a la Conselleria de Agricultura que destine una partida para cubrir los gastos ocasionados por las medidas de control que el propio departamento de la Generalitat Valenciana obliga a realizar a los agricultores para combatir la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali).

La organización agraria reacciona así ante las nuevas exigencias establecidas por el Consell tras reconocer oficialmente que esta plaga se ha propagado a las comarcas del Alto Palancia, Hoya de Buñol, Ribera Alta, Vall d’Albaida, l’Alacantí, Marina Baixa y l’Alcoià, que se suman a las de Utiel-Requena, Valle de Ayora, Alt Vinalopó, Vinalopó Mitjà. Según estimaciones de AVA-ASAJA, la superficie afectada por la avispilla del almendro supera las 40.000 hectáreas en estas 11 comarcas de la Comunitat Valenciana, con un grado de afección que en los peores casos echa a perder la totalidad de la cosecha.

AVA-ASAJA también solicita una mayor apuesta por la investigación dirigida a facilitar a los agricultores herramientas de control, bien químicas bien biológicas, verdaderamente eficaces. Preocupa especialmente la situación de los productores de almendra ecológica, puesto que no disponen de suficientes materias para hacer frente a la plaga. Asimismo, la entidad reclama compensaciones económicas por las pérdidas sufridas derivadas de la evidente falta de control por parte del Consell frente a esta plaga que se introdujo en la Comunitat en 2015.

Obligaciones

Entre las medidas fitosanitarias que deben adoptar los agricultores tanto en los campos productivos como en aquellas parcelas de almendro abandonadas destacan: retirar y destruir las almendras afectadas antes de la salida de los adultos de avispilla para no contribuir a la diseminación de la plaga; realizar los tratamientos fitosanitarios en los momentos adecuados y con los productos recomendados por los servicios técnicos con competencias en materia de sanidad vegetal de la Conselleria de Agricultura; y extremar las medidas de limpieza de la maquinaria de recolección para evitar que restos de almendras afectadas constituyan focos de dispersión de la plaga. Asimismo, los almacenes receptores de almendra deberán destruir las almendras afectadas por la plaga de la avispilla recibidas en sus instalaciones. En caso de incumplimiento de las medidas fitosanitarias obligatorias, la Conselleria advierte de que podrá aplicar duras infracciones y sanciones.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, señala que “si el Consell no ha impedido la introducción de esta plaga foránea, no ha puesto suficientes medios para frenarla y amenaza con multar a quien incumpla sus obligaciones, al menos debería ayudar a los agricultores en la lucha contra la avispilla del almendro”.

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